Toda gran ciudad necesita modernas vías de comunicación y opciones de movilidad para sus habitantes. Sin embargo, a la hora de diseñar estos proyectos es muy importante prever las consecuencias que puedan traer consigo, a fin de evitar recurrir a simples ocurrencias de algún funcionario que "crea" que de tal o cual manera se resolverán determinados problemas: es imprescindible tener estudios serios y científicos que aprueben o descarten la realización de una política pública.
En el caso del proyecto de la Supervía Poniente, vialidad que se pretende construir para unir Santa Fe con San Jerónimo, no se cuenta con un análisis de costo - beneficio que demuestre su necesidad. Por el contrario, más pareciera una ocurrencia más de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.
Por una parte, el proyecto va a dañar muy seriamente el medio ambiente, sobre todo en la zona de Tarango, lugar estratégico en la ciudad en materia ambiental porque por ahí pasan los vientos de poniente a oriente y se utilizan como un gran ventilador para oxigenar tanto la ciudad como la zona metropolitana. La Supervía pasará por ahí y generará la construcción de desarrollos inmobiliarios en la zona, propiciando un crecimiento urbano desordenado y agresivo con el medio ambiente.
Por otro lado, la Supervía pretende construirse con inversión privada, por lo que se adjudicó a una empresa particular una obra que va a costar, según estimaciones del Gobierno del Distrito Federal, alrededor de 6,000 millones de pesos, cifra astronómica y absolutamente desproporcionada para una vialidad de menos de 6 kilómetros. Esto quiere decir que cada kilómetro de la supervía costará más de 1,000 millones de pesos; para darnos una idea, un kilómetro de la autopista Durango - Mazatlán, gran obra de infraestructura que atravesará la Sierra Madre Occidental, costará alrededor de 77 millones de pesos.
El altísimo costo de esta obra redundará en un peaje caro, que hará a su vez que la Supervía sólo esté accesible para un ínfimo porcentaje de capitalinos. Ya ha comenzado la expropiación de numerosos predios, sin que esté clara la causa de utilidad pública que la justifique.
Hasta el momento, no hay un solo especialista que se haya pronunciado a favor de la Supervía. Por el contrario, ha sido descalificada por el Instituto Nacional de Ecología, por expertos en urbanismo de la UNAM y del IPN, por investigadores del Instituto de Biología de la UNAM, así como por numerosos grupos de vecinos, tanto de Álvaro Obregón como de Magdalena Contreras. Es verdaderamente lamentable que a pesar de esto el Jefe de Gobierno siga empecinado en construir una vialidad que no tiene un beneficio acreditado y que sí traerá, en cambio, serios problemas financieros, medioambientales y jurídicos.
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